ENDURECIMIENTO DE PENAS PARA ADOLESCENTES: Una idea para congelar más allá del invierno

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ENDURECIMIENTO DE PENAS PARA ADOLESCENTES: Una idea para congelar más allá del invierno

Karina Zuchel Pérez.
Directora técnica Fundación Tierra de Esperanza

 

En esos días de otoño-invierno, hemos podido leer y escuchar opiniones en torno a la “necesidad” de endurecer las penas para adolescentes en el marco de la Ley de Responsabilidad Adolescente, apuntando especialmente a la reincidencia de delitos y a los delitos graves como homicidio y delitos sexuales. No sé si será el frío o la lluvia, pero estas opiniones parecieran devenir de personas que se han mantenido encerradas sin ver lo que pasa “allá fuera” y que enfrentan estas largas noches viendo la crónica roja de los noticieros, que dedican un gran porcentaje de tiempo a algunos delitos, graves por cierto – como el homicidio de una mujer en su casa cometido por un joven- y que influyen en la amplificación del problema a tal punto que ya parecemos estar sobrepasados.

Para ir aclarando las ideas, sabemos que los delitos cometidos por adolescentes prioritariamente son delitos contra la propiedad y no delitos graves como los mencionados. Sólo debemos indagar en las cifras del Ministerio Público para zanjar que el endurecimiento de penas para ese tipo de crímenes, sería una respuesta penal posible para un bajo número de casos. ¿Es eficiente mover todo el aparataje legislativo para ello?

Si no es el volumen de delitos ¿será entonces la reincidencia el problema que se espera resolver con estos ajustes legales? Ante esta pregunta surge otra ¿los/las jóvenes que cometen delito y “reinciden”, realmente lo hacen porque no han tenido las penas adecuadas (suficientemente extensas) y por tanto es necesario “endurecerlas”?

Ante ello es preciso señalar que aún hay centros privativos de libertad donde no existe un establecimiento educacional para retomar los estudios; por otra parte, sabemos que se ejecutan sanciones en medio libre que no se sustentan en modelos criminológicos, menos aún se cuenta con indicadores de evaluación de la calidad de la atención de programas ni evaluación de le efectividad de las intervenciones. Aún más, durante este Encuentro Científico ha sido frecuente escuchar comentarios de la deficiente respuesta de la política pública en torno a su salud mental en el marco de la RPA, y sobre todo, ha llamado mi atención la visibilización de las historias de vulneraciones de derechos y por tanto la concepción de sujetos polivictimizados que no han accedido a procesos de intervención antes de cometer delitos ni después de cometerlos.

Si no hemos sido capaces de responder ante las graves historias de vulneraciones de derechos que han sufrido muchos/as de los y las adolescentes antes que cometieran delitos ¿le pedimos al sistema penal que se haga cargo?. Si tampoco hemos implementado la Ley de Responsabilidad Penal adolescente con la rigurosidad necesaria ¿es posible sugerir siquiera ajustes como un endurecimiento de penas?

En este contexto, la sola idea del cambio legal me parece por lo menos, una propuesta que es mejor dejar congelada hasta nuevo aviso.